El peso de la estrategia Europa 2020 se dejará sentir en la contratación pública española. Compliance y RSC serán requisitos de contratación y elementos de diferenciación en los concursos públicos.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, incorpora al Derecho español de la contratación pública los más recientes pronunciamientos de la doctrina y jurisprudencia europeas con el objetivo de dotar de una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.

Entre las interesantes novedades que la Ley incorpora, destacan los relativos a la incorporación de nuevos criterios de adjudicación subjetivos y objetivos, con la valoración de la responsabilidad jurídico-social de las empresas y del peso de la relación calidad-precio de las ofertas de los licitadores como elementos destacables.

Así, se establece como una nueva obligación de los órganos de contratación el velar porque el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. Precisamente la innovación obtiene un tratamiento privilegiado con la inclusión de nuevos procedimientos de adjudicación expresamente diseñados para la compra de obras, servicios y suministros innovadores.

Igualmente, la Ley suprimirá la posibilidad de contratación sin publicidad, establecerá la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas. Se pretende simplificar para los licitadores el proceso burocrático de trámites y favorecer a las pymes al reducir las cargas administrativas. Los órganos de contratación rechazarán aquellas ofertas en las que se compruebe que no cumplen con las obligaciones aplicables en materia regulatoria, medioambiental, social o laboral.

Otra novedad es que se dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, debido a la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, y se garantizará un mayor control en los procesos de adjudicación, a través de la creación de la figura del funcionario responsable del contrato, quien se ocupará de vigilar la ejecución de los trabajos.

Otro aspecto relevante que tendrá una nueva regulación es el relativo al fraccionamiento en lotes de los grandes contratos, lo que flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

Al limitarse el uso del procedimiento negociado por criterios de precio, ahora los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios dependiendo de su valor estimado.

En lo que a transparencia se refiere, y para una supervisión más independiente, se creará un organismo de control de la contratación pública: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, con capacidad de emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

Si desea conocer más sobre las nuevas oportunidades y, sobre todo, con el nuevo escenario que se plantea en el marco de la contratación pública, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de contratación pública de Lentisco.

Para más información haga click en los siguientes medios de comunicación:

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/02/03/5a7200f946163fd52c8b4619.html

https://elpais.com/economia/2018/01/23/actualidad/1516740536_699020.html

 

 

 

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